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Denuncia por deficiencias en infraestructura originó una fiscalización y multa para el establecimiento por incumplimiento de la normativa educacional, la que ...

Conforme a lo anterior, y acorde a lo razonado previamente, no es posible concluir que ha existido falta de proporcionalidad en la imposición de la sanción a la recurrente, considerando los hechos por los cuales se sancionó y el monto de la multa impuesta”. En ese sentido, puntualiza la sentencia que “la norma prevé para las infracciones menos graves, una multa mínima de 51 UTM y máxima de 500 UTM, imponiéndose a la reclamante la mínima señalada. Además, en cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad, afirma que a la sostenedora le afecta una circunstancia agravante de responsabilidad, toda vez que ha sido objeto de sanciones anteriores por infracción al mismo bien jurídico. Tal error contravendría el principio de legalidad del derecho administrativo sancionador y de reserva legal. El Superintendente de Educación confirmó la resolución exenta que sancionó al Liceo Javiera Carrera con una multa a beneficio fiscal de 51 UTM, tras constarse en el acta de fiscalización deficiencias en las instalaciones eléctricas del establecimiento, con riesgo para la comunidad escolar, al “observarse un tablero eléctrico con cables expuestos, y una válvula de gas, donde se observa agua en el suelo y las paredes húmedas, donde se encuentran estas instalaciones”, además de otras deficiencias en la infraestructura del establecimiento de similar naturaleza originadas por humedad. La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que desestimó la reclamación de ilegalidad interpuesta por la Municipalidad de Santiago, sostenedora del Liceo Javiera Carrera, en contra de la Superintendencia de Educación que confirmó la sanción que le fue impuesta al constatarse, luego de una fiscalización al establecimiento educacional, diversos riesgos para la seguridad de la comunidad educativa.